Colombia – Por la defensa de las semillas en el Paro Agrario

Defensa Semillas
Por la defensa de las semillas en el Paro Agrario
Grupo Semillas
semillas.org.co
Colombia es uno de los países del mundo con mayor agrobiodiversidad, expresada por cientos de variedades nativas y criollas que están en las manos de millones de agricultores de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. Las semillas son consideradas “Patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad” y han sido el fundamento para su soberanía y autonomía alimentaria; por lo cual deben continuar en manos de los agricultores. En este contexto se plantan los siguientes aspectos que son fundamentales para las comunidades rurales y que deben incluirse en las políticas gubernamentales sobre semillas:

1. No aceptamos ninguna norma de propiedad intelectual aplicadas sobre las semillas (patentes y derechos de obtentores vegetales), puesto que permiten su privatización y el control corporativo de las semillas, mediante el monopolio de los mercados. Estas normas violan los derechos sobre el patrimonio genético de la nación, los derechos colectivos de los pueblos para el libre uso, producción y comercialización de las semillas y criminalizan el uso de las semillas por los agricultores. 


2. Todas las normas de semillas que operan en Colombia, se sustentan en el Convenio internacional de la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV), aprobado mediante la Decisión 345 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, que protege los Derechos de los Obtentores Vegetales (DOV). Posteriormente la ley 1032 de 2006, en el artículo 4, penaliza la usurpación de los (DOV); y en 2010 el ICA expidió la Resolución 970, que controla la producción, uso y comercialización de semillas. Finalmente en 2012 se aprobó la ley 1518 que implementa el Convenio UPOV 91, norma que fue derogada recientemente por la Corte Constitucional. Exigimos la derogatoria de estas normas, en concordancia con el fallo de la Corte. 


3. Las normas de semillas y sus modificaciones en los últimos años en Colombia, responden a presiones desde los países industrializados para que adecuen las leyes nacionales a las normas de propiedad intelectual y al control que ejercen las empresas semilleras sobre todo el sistema de las semillas. Es así como el artículo 4 de la ley 1032, la resolución 970 y la ley 1518, fueron aprobadas en el marco de los Tratados de Libre Comercio, lo que conlleva a que estas normas beneficien a las grandes transnacionales semilleras y no a los pequeños agricultores.


4. La resolución 970 fue expedida con el argumento de lograr la sanidad y calidad de las semillas, pero en realidad, lo que permite es entregarle el control monopólico de las semillas a las empresas, y volver obligatorio el uso y la comercialización de semillas certificadas y registradas, como también criminaliza y prohíbe la producción y comercialización de semillas criollas. 

5. De otra parte, todas estas normas han sido proferidas sin realizar “Consulta Previa” informada con poblaciones étnicas y campesinas. El ICA considera que la consulta de la resolución 970 y de la modificación de esta resolución se realiza a través de Internet, la cual es inaceptable para las poblaciones rurales; por lo tanto la consideramos ilegítima. Es así como la Corte Constitucional luego de estudiar la exequibilidad de la ley 1518 (UPOV 91), el argumento central para derogarla fue la “no consulta de los pueblos indígenas y afrocolombianos” y existe suficiente jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la forma que debe hacerse la consulta para proyectos que afecten a estas comunidades y evidentemente no es a través de internet.


6. Rechazamos los cultivos y alimentos transgénicos que el gobierno Nacional ha autorizado para la siembra y el consumo en el país. Existen suficientes evidencias científicas en el mundo, que muestran los impactos ambientales por la contaminación genética de los cultivos transgénicos sobre las semillas criollas, los impactos socioeconómicos y sobre la soberanía alimentaria de los pueblos y la salud humana y animal. Es evidente el fracaso del algodón transgénico en el país, puesto que los agricultores de Córdoba y Tolima han tenido millonarias pérdidas por las pésimas semillas de algodón transgénicos que les han vendido las empresas. En aplicación del “Principio de Precaución”, pedimos que se revoquen las autorizaciones para estos cultivos y alimentos transgénicos en el país. 


7. Rechazamos los decomisos de semillas y judicializaciones a agricultores que el ICA está realizando en diferentes regiones del país. Entre 2010 y 2012 se decomisó más de 4.167.225 kilogramos de semillas, de acuerdo con información oficial del ICA. Consideramos ilegales estos decomisos, porque se está violando los derechos de los agricultores. 


8. Igualmente exigimos que no se obligue a los agricultores el uso de solo semillas certificadas y registradas en los programas y proyectos gubernamentales de fomento agrícola y como requisito para acceder a los créditos financieros agrícolas. 


9. En la resolución 970 del ICA, se establece que el agricultor sólo podrá reservar de su cosecha semillas de las empresas, por una sola vez, en parcelas de máximo de cinco hectáreas y no puede entregarla a terceros bajo ningún título; además debe demostrar que en su último cultivo sólo ha usado semilla legal certificada. Esta determinación es inaceptable y va en contravía de los “Derechos del Agricultor”, consagrado en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos (TIRFAA), de la FAO. En el art. 9, inciso 9.3, que señala: “Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda”.


10. El gobierno debe ejercer un fuerte control sobre las empresas transnacionales que se apropien de las semillas certificadas y patentadas, que monopolizan el mercado, la disponibilidad de semillas e imponen precios especulativos, como en los casos de semillas de algodón, arroz y papa. El gobierno debe hacer estrictos controles de la calidad y sanidad de las semillas de las empresas, para que no afecten las semillas y la agricultura campesina.


11. El ICA actualmente pretende derogar la resolución 970 y aprobar una nueva norma. La diferencia de fondo de este nuevo proyecto de resolución, es que se incluye un párrafo adicional que dice; “Se excluye del ámbito de aplicación de la presente resolución, aquellas semillas de variedades locales, cuyo fin no sea la comercialización”. Este cambio en la norma efectivamente demuestra que el ICA lo que pretende es controlar y prohibir que las semillas criollas puedan ser usadas, intercambiadas o comercializadas por los agricultores, lo que se pretende es que las semillas de los agricultores se mantengan confinadas en su parcela y no puedan ser entregadas a terceros o comercializadas. 


12. Consideramos fundamental que las políticas públicas sobre semillas, estén orientadas a favorecer los sistemas vivos de semillas campesinas, sistemas que estén bajo el control de las comunidades locales, que promuevan la agroecología y la investigación participativa de los campesinos para el desarrollo de semillas de buena calidad, acordes con sus necesidades y condiciones ambientales y socioeconómicas.

Por cada semilla que nos decomisen, haremos que estas germinen y florezcan de nuevo, se multipliquen, se esparzan y caminen libremente con los agricultores por los campos de Colombia.

Por las semillas libres de Colombia
Las reivindicaciones fundamentales respecto a las semillas, en el Paro Agrario:
          1. Derogatoria de todas las leyes y normas de propiedad intelectual sobre semillas y las que controlen y penalizan la producción, el uso y la comercialización de todo tipo de semillas (certificadas y criollas):  
– Resolución 1893 del ICA (1995): Establece Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas  y Establece Procedimiento para la Obtención de Certificado de Obtentor 
– Ley 243 de 1995: Adopta el Convenio internacional UPOV-1978  
– Art. 4 de Ley 1032 de 2006 (código penal): La usurpación de los Derechos de Obtentores Vegetales. 
– Resolución 970 del ICA (2010): Control de la producción usos y comercialización de semillas en el país.
– Ley 1518 de 2012: Aprueba el convenio internacional UPOV 91    (ley derogada por la Corte Constitucional en dic. de 2012).
2. El gobierno debe ejercer control (mediante normas) sobre las empresas transnacionales que poseen semillas certificadas, patentadas, y transgénicas, que monopolizan el mercado, limitan la disponibilidad de semillas e imponen precios especulativos. 
Se deben hacer estrictos controles sobre la calidad y sanidad de las semillas de las empresas, para que no afecten los sistemas agrícolas nacionales, las semillas en general y especialmente a la agricultura campesina.
         3. Las políticas públicas sobre semillas y los programas de fomento agrícola, deben estar orientados a promover y proteger las semillas libres para la siembra, el uso y la comercialización; que estén bajo el control de los agricultores; que  promuevan la agroecología y la investigación participativa de los campesinos para el desarrollo de semillas de buena calidad, acordes con las condiciones ambientales y sus necesidades socioeconómicas.

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